BRASILIA, 8 ago (Xinhua) -- El presidente de Brasil, Michel Temer, promulgó este martes una la ley complementaria que en la práctica establece un plazo de hasta 15 a?os para que los estados brasile?os pongan fin a la llamada "guerra fiscal", es decir, los beneficios concedidos a empresas para que permanezcan en sus territorios.
La ley, según publica la edición de este martes del Diario Oficial, da el visto bueno para que los gobiernos regionales continúen otorgando beneficios fiscales sin el apoyo del Consejo Nacional de Política Financiera (Confaz).
La nueva norma deja espacio para que las exenciones fiscales dadas por los estados sean prorrogadas por hasta 15 a?os, dependiendo de la actividad a la que se refieren.
El plazo máximo es otorgado a los incentivos que incluyen promoción de las actividades agrícolas e industriales, así como estímulos a la inversión en la infraestructura de carreteras, vías fluviales, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y transporte urbano.
En el caso de exenciones destinadas a mantener o aumentar las actividades portuarias y aeroportuarias relacionadas con el comercio internacional, el plazo disminuye a 8 a?os.
Los beneficios otorgados al mantenimiento o mejora de actividades comerciales pueden, a su vez, ser extendidos por otros 5 a?os.
La prórroga será de tres a?os para beneficios destinados a operaciones y servicios entre estados con productos agrícolas y extracciones forestales "in natura".
Todas las demás actividades no incluidas en estas especificaciones pueden continuar recibiendo beneficios fiscales por un a?o más.
La ley también establece que para permitir nuevos incentivos fiscales, los estados tendrán que obtener el apoyo de dos tercios de las unidades federales y un tercio de los miembros de las unidades federales de cada una de las cinco regiones del país.
Antes, era necesario obtener el apoyo unánime entre todos los miembros del Confaz.
Al firmar el proyecto de ley, el presidente Temer vetó dos artículos, uno de ellos que equiparaba incentivos fiscales a subvenciones a la inversión, y el otro sobre un resquicio para aprobar incentivos que violaban normas de la Constitución.
Economistas críticos de la llamada "guerra fiscal" afirman que la disputa entre los estados por incentivos a empresas resulta en grandes pérdidas de recaudación, lo que provoca un mayor peso de la carga tributaria para la población.
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