BUENOS AIRES, 27 dic (Xinhua) -- El juez federal de Argentina, Julián Ercolini, inició hoy el proceso formal contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el delito de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta", reportó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El CIJ, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para la difusión de noticias del ámbito jurídico, indicó que el juez federal también fijó a Fernández un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos (625 millones de dólares).
Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires, investiga a Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de obra pública para favorecer a empresarios allegados a la ex mandataria, quien ha rechazado las acusaciones.
En la decisión del magistrado, de 794 páginas, también será procesado el ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado, Julio de Vido, así como el empresario Lázaro Báez, sobre quienes recayó un embargo de 10.000 millones de pesos.
Las actuaciones en contra de Fernández se iniciaron el 26 de abril pasado, ante una denuncia que realizó el actual titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
La denuncia fue también contra ex funcionarios federales y provinciales, por haber detectado en materia de obra pública vial "un plan dise?ado en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 a?os", dijo Ercolini.
La ex presidenta Fernández concurrió el 31 de octubre pasado a prestar declaración ante el juez Ercolini, ocasión en la que dijo que no es "ni amiga ni socia comercial" de Báez, a la vez que rechazó haber direccionado licitaciones a favor del empresario.
Denunció, además, que su situación judicial obedecía a una "persecución política" dispuesta por el actual gobierno de Argentina.
Fernández recordó que la figura penal de "asociación ilícita" que se le endilga, "fue muy usada en la dictadura (militar de 1976 a 1983) para perseguir a los opositores".
La investigación busca dilucidar el presunto direccionamiento discrecional de obras viales en favor de las empresas de Báez por 16.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) en un contexto de irregularidades en las contrataciones y sobreprecios.
En mayo pasado, el también juez federal Claudio Bonadio procesó a Fernández por el delito de administración infiel en perjuicio público, en el marco de la causa que investiga operaciones cambiarias denominadas "dólar a futuro" que hizo el Banco Central el a?o pasado.
Según la denuncia que investiga Bonadio, el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, casi 50 por ciento por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos en aquel entonces.
Las causas que llevan adelante Ercolini y Bonadio corren en paralelo a otra investigación por lavado de dinero, tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan de abril pasado.
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